DECLARACIÓN
DE OBJETIVOS
Llamamos
a la ciudadanía española a movilizarse para el logro de los objetivos de esta
declaración. La razón de esta movilización es que no es posible el debate público
y abierto que caracteriza de forma esencial a una democracia. La democracia
está bloqueada en España.
Exigimos:
1. El
respeto escrupuloso al artículo 14 de la Constitución Española, que establece
la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin que pueda prevalecer
discriminación por razón de sexo.
2. La derogación de la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género (diciembre/2004). Por tratarse de
una ley sexista contra los varones que vulnera los principios de igualdad ante
la ley y de presunción de inocencia.
3. El desarrollo de una nueva ley contra el maltrato (que
persiga también, de una vez por todas, el maltrato psicológico) en las
relaciones familiares y de pareja. Una ley que defina con claridad lo que
es “maltrato”; que considere el “machismo” como un agravante que debe ser
probado; que no castigue como delitos “de autor” (varón) lo que son
meras faltas, y que proteja a los menores, los ancianos, las mujeres y los
varones maltratados con escrupuloso respeto a los derechos individuales sin
discriminación por razón de sexo.
4. La persecución del maltrato a los menores
consistente en apartarlos de su familia sin motivo tras una separación o
divorcio, recurriendo a menudo para ello a la manipulación psicológica
de esos menores. Es intolerable que el Ejecutivo y el Consejo General del
Poder Judicial insten a los jueces a no perseguir esto asegurando que “no
existe” y que son reclamaciones de “machistas” y “maltratadores”. Es calumnioso
y roza la prevaricación.
5. La apertura de un debate público y abierto en
la sociedad española en torno a la violencia en la pareja y en la familia. Con
intervención en los medios de comunicación y audiencia ante los partidos
políticos de cualquier persona o colectivo que tenga algo que decir. Y sin la
nada transparente imposición por parte del lobby feminista de su discurso
único: totalitario.
6. La apertura por parte del Estado de investigaciones
acerca de las causas sociales del inasumible número de varones que se
suicidan en España, en especial durante los procesos de divorcio.
7. El respeto a los derechos de los varones
denunciados. No son admisibles las detenciones policiales injustificadas,
las medidas de alejamiento cautelar no motivadas de acuerdo a las exigencias de
la ley, los juzgados especiales, los prejuicios ideológicos y sexistas de la
fiscalía, la politización ideológica de los jueces, del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Exigimos la independencia del
poder judicial respecto a los intereses del Ejecutivo y del Legislativo. Y que
se persigan de oficio de una vez por todas las denuncias que tienen todos los
visos de ser falsas e interesadas.
8. Una ley nacional de custodia compartida
“preferente” de los menores para ser aplicada en los procesos de divorcio.
9. Una auditoría rigurosa de las cuentas de la
“industria del maltrato” en España desde 2005. En particular, del destino
de ese dinero en las asociaciones feministas, los sindicatos y los partidos
políticos.
10. La depuración de las responsabilidades civiles y penales a que
hubiere lugar. Los atropellos y el maltrato institucional que se han
producido en España desde 2005 no pueden quedar impunes.
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